El 2003 nacía en CC.OO. la propuesta de renta garantizada de ciudadanía, propuesta que fue recogida en el Estatut d’ Autonomia del Tripartit. Finalmente este 12 de mayo se ratificó el preacuerdo alcanzado con el gobierno de la Generalitat, que deberá presentar al Parlament la propuesta de ley que desarrolle el acuerdo.

Ha sido necesaria un ILP (Iniciativa Legislativa Popular) que se presentó en el Parlament el 26 de marzo de 2014, con 121.191 firmas (el mínimo exigible son 50.000). Fueron necesarias marchas en 2013 y 2014 y mantener la tensión de movilización con concentraciones, con actos, con huelgas de hambre y la implicación de organizaciones políticas de izquierdas, movimientos sociales, sindicatos y muchos/as militantes sociales para que finalmente se haya alcanzado el acuerdo.

En la presentación que tuvo lugar en el Parlament en 2014 se decía: hay más de dos millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza, 600.000 en situación de pobreza severa y 95.000 familias sin ningún ingreso. Estas cifras no han parado de empeorar.
Hay coincidencia en la valoración positiva del acuerdo, pese a algunas inconcreciones importantes, la más preocupante de todas es si habrá recursos económicos suficientes para aplicar lo acordado en los plazos previstos.

La nueva renta absorberá a las personas beneficiarias de la renta mínima de inserción, unas 29.000, que aumentaran con las nuevas beneficiarias. Inicialmente se asignaran 550€ que deberán llegar a 660 en 2020. Será compatible la percepción de la renta con ingresos salariales o de cualquier otra prestación, a partir de unos niveles determinados.

Valoramos positivamente esta nueva prestación, que defenderemos que sea universal y subjetiva, con unos recursos suficientes para que no haya ninguna limitación para su aplicación generalizada.

Esta medida ejemplifica las posibilidades de un plan de choque contra las víctimas de la crisis si hay voluntad política o presión social y sindical suficiente. También pone de manifiesto que los presupuestos de le Generalitat aprobados pueden no garantizar la plena aplicación de la nueva renta.
En la tramitación del presupuesto del 2017 ha pesado una vez más la cuestión nacional que la cuestión social. Evidencia: que hay previsto dinero para un posible referéndum y no lo hay previsto para la renta garantizada.

La mayoría independentista del Parlament, JXS y la CUP, renunciaron a mejorar los ingresos. Vale la pena recordar que el grup de CSQEP hizo propuestas concretas para aumentar los ingresos en 1.000 millones de euros, suficientes para abordar la plena aplicación de la renta garantizada.

Es necesario recordar que la renta garantizada se ha producido en un contexto de debilidad del Govern de la Generalitat, debido al estancamiento del «procés», al enfrentamiento con el Estado español y a los continuos escándalos de corrupción que salpican al PDCat. Por lo que es necesario continuar la presión social para que este derecho no quede limitado y sea una realidad.

Esta nueva renta no ha de significar un freno a la necesidad de poner fin a las políticas de austeridad de la troika aplicadas con tanto esmero por el gobierno de la Generalitat y de España. La renta garantizada es un avance pero también tiene sus riesgos. El combate contra la precariedad en el trabajo y en la vida, contra los bajos salarios, contra la desigualdad, contra los recortes laborales y sociales, contra la represión y la ley mordaza continuaran estando en nuestra agenda política, por la calidad y el reparto del empleo, la riqueza creada por la clase trabajadora y la socialización de los medios de producción.

Son este conjunto de medidas y las políticas económicas que las hagan posibles lo que definimos como ruptura, en contenido social y laboral que queremos que tenga la ruptura, que es una República Plurinacional, con garantía de los derechos laborales y sociales.

Comitè Central

Barcelona 20 mayo 2017

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